Bernarda Pessoa, “Paraguay es un país muy discriminador, es una sociedad que no reconoce todavía a los pueblos indígenas”, activista y lideresa de una comunidad del Chaco paraguayo del pueblo originario Qom.

Nota: Santi Carneri / Fotografía: Santi Carneri

En el transporte público, los hospitales, en las calles de Asunción y en las estancias rurales de Paraguay la población indígena es discriminada. Unos 120.000 miembros de pueblos originarios viven en Paraguay y son más de 2 millones de personas las que comparten descendencia de alguna de las casi veinte etnias indígenas que conviven en el país, pero aún así son personas sin representación política y sufren un racismo atroz tanto en los medios de comunicación como por parte del Estado. Además son pocas las comunidades nativas que aún conservan sus tierras, lo que explica que el 75 % de los indígenas de Paraguay viva en situación de pobreza extrema.

Bernarda Pessoa estuvo a punto de parir a su primer hijo en el suelo de la sala de espera del hospital de Villa Hayes. Tenía 18 años y llevaba más de cuatro horas esperando a ser atendida. Sentada de la mano de su madre, con una sábana y la ropa para su bebé como único equipaje, fue ignorada durante horas por los médicos y enfermeros. Solo cuando rendida de sueño empezó a sollozar fue llevada a una cama en una habitación privada, recuerda Pessoa. A su madre no la dejaron acostarse en la otra cama de la habitación y tuvo que pasar toda la noche en una silla. Tampoco le dieron comida y tuvieron que pagar los medicamentos necesarios durante el tiempo que estuvo hospitalizada. En ese mismo hospital, en otra ocasión, un médico asumió que élla no hablaba español y mandó a una enfermera a hablarle en guaraní. ¿Por qué este maltrato? Por pertenecer al pueblo indígena Qom, uno de los veinte pueblos originarios que conviven en Paraguay con la población criolla. Pessoa destaca que el transporte público es el segundo lugar donde más discriminación siente. Está acostumbrada a que la mayoría de la gente no quiera sentarse con ella en el colectivo y a que la señalen y se rían de ella si habla su idioma con otra mujer. “Solo se sientan junto a mí cuando no les queda más remedio, la sociedad paraguaya no quiere juntarse con nosotros. Sabemos trabajar, estudiar y hablar igual que ellos, pero igual nos discriminan”, dice Pessoa.

Nacida en una comunidad indígena rural del Chaco, lleva desde los 19 años militando por los derechos de su pueblo y en especial por los de las mujeres. A sus 35 años, madre de cinco hijos, preside la Coordinadora de Mujeres Campesinas e Indígenas de Paraguay (Conamuri) y lidera la comunidad Santa Rosa del pueblo Qom, ubicada en la compañía Cerrito, colonia Benjamín Aceval, en el departamento de Presidente Hayes a unos 47 kilómetros de Asunción. Pessoa vivió y fue a la escuela de su comunidad, hablando Qom hasta que a los 15 años comenzó a trabajar como empleada doméstica en casas de Asunción, donde aprendió español y guaraní. “Paraguay es un país muy discriminador, es una sociedad que no reconoce todavía a los pueblos indígenas y especialmente a sus lenguas. En las escuelas todavía no se enseña nuestra lengua, sólo el guaraní, el español y el inglés, ni siquiera está en libros de texto para nuestras escuelas y eso es por discriminación”, denuncia Pessoa.

La activista destaca que la discriminación “empieza en el Estado” y se contagia a las políticas públicas y a la sociedad en forma de esos episodios de discriminación en hospitales, escuelas y transportes públicos “porque se asume con normalidad ser discriminado por tener rasgos indígenas, por vestirse diferente, por el color de la piel o el idioma que se usa”. En Paraguay no hay intendentes, gobernadores, diputados o senadores indígenas, ni siquiera el estatal Instituto Nacional del Indígena (INDI) está presidido por un miembro de un pueblo originario. “No basta con que cuenten con nuestra participación el día del voto, tienen que dejarnos tener participación política del Estado pero los partidos tradicionales lo evitan con todas sus fuerzas”, denuncia Pessoa, quien pide apoyo para la aprobación de una ley contra toda forma de discriminación en el Parlamento. “No solo los pueblos indígenas necesitan esa ley, todos el pueblo de Paraguay la necesita: los jóvenes, las personas con discapacidad, los ancianos, las empleadas domésticas, el campesinado, todos dependemos de esa ley”, dijo Pessoa. Paraguay es el único país del Cono Sur que no posee una ley contra toda forma de discriminación. Una legislación que puede ayudar a mejorar la situación de los pueblos originarios en Paraguay, donde cerca del 75 % de sus integrantes vive en situación de pobreza extrema, en su mayoría debido a que fueron desposeídos de sus tierras ancestrales durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) y en la primera década de democracia.El caso más extremo fue el del pueblo aché que sufrió una campaña de exterminio promovida por las autoridades dictatoriales en la década de 1970, cuando su población disminuyó más del 60 % en menos de cinco años debido al desalojo forzoso de sus tierras ancestrales, la falta de atención médica y la venta de sus niños para el trabajo doméstico. Amnistía Internacional recordó este año que los pueblos indígenas siguen sin tener acceso a sus tierras ancestrales en Paraguay, según su úlitmo informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo

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