Nota: Santi Carneri / Fotografía: Santi Carneri

Ortiz nació en Colonia Independencia, Salto del Guairá, hace 40 años. Trabaja muy duro en su plantación familiar de caña, cuida de sus ancianos padres, de su hija y gestiona como puede las amenazas de las financieras por los impagos de pequeños créditos que pidió cuando el Gobierno prometió comprar la caña de los campesinos paraguayos en vez del producto de empresarios brasileños. Algo que incumplió más tarde. Además de la situación económica crítica que vive la zona- porque los grandes empresarios brasileños que han acaparado tierras e invertido en maquinaria dominan la producción dejando a miles de familias locales sin empleo- a Ortiz le toca vivir otras discriminaciones que no son exclusivas del campo. La más feroz: el machismo.

“En el campo la gente es muy machista en casa, los hombres no quieren lavar ni ahí. No es que no trabajen, trabajan mucho, de sol a sol, pero hay ciertas cosas que no hacen ni ahí”, explica. Ortiz destaca una anécdota que se ha repetido en distintas formas y ocasiones: “Hombres de algunos negocios donde voy a comprar repuestos para el camión me cuestionan si tengo autorización para hacer tal o cual cosa. Me dicen metida. Me llama la atención ese tipo de cosas y a veces no da para más, encima de toda la carga de trabajo que te cuestionen por ser mujer”, afirma. Otro manifestación machista que dice sufrir hace años es que el padre de su hija de 16 no le pasa la paga para alimentación. “Malabares hacemos con mis papas para comer todos y que la nena vaya a la escuela”, dice. “Ya no da más”, dice la agricultora, mostrando los recibos de agua, luz, transporte, y comparando con el precio de la caña de azúcar. Trabajando todos los días de sol a sol, el jornal no llega a los 35.000 guaraníes.

“La patrona me decía paraguaya de mierda cuando se levantaba de mal humor”.

La labriega también fue migrante. Con 18 años marchó a Argentina, como muchos de sus vecinos, y trabajó durante más de 15 años como empleada doméstica en Buenos Aires, ciudad donde viven entre trescientos mil y un millón de paraguayos. “Fui a Argentina a rebuscar un poco para tener una vida mejor y por mucho que trabajé no me trataron bien. Tuve que volver”, lamentó. Ortiz trabajó como empleada doméstica de varios hogares porteños que nunca le hicieron contratos de trabajo legales, aprovechando su condición de migrante. En la casa de una familia pudiente donde trabajó por varios años le prometieron hacer un contrato legal para tramitar sus papeles de residencia pero eso tampoco sucedió, pese a que Ortiz dice que invirtió mucho dinero en documentos y burocracias. “La patrona me prometió, yo hice todos los papeles, gasté un montón de plata y me perdió todos los documentos para no hacerme el contrato. La patrona me decía paraguaya de mierda cuando se levantaba de mal humor”, añadió.

Ortiz también recuerda que durante los años de exilio se vio obligada a reducir el uso del guaraní, lengua indígena americana que es oficial en Paraguay junto al español. “No le gustaba a los patrones. Así que a mi hija no le enseñé porque hizo allá la primaria y si le hablaba en guaraní la perjudicaba”, asegura. “Viví muchos años allí para ayudar a mi familia porque es muy sacrificado el campo”, recuerda sentada bajo una carpa de la Plaza de Armas del centro de Asunción, cuando vino a la capital a acompañar las protestas de otros miles de labriegos y de cooperativistas de todo el país que durante casi un mes reclamaron frenar el aumento de impuestos a sus entidades.

Los campesinos comenzaron sus protestas a principios de abril, en una alianza con los socios de las cooperativas de ahorro, que pedían derogar la ley que establece un impuesto del 10 % a las transacciones. Los manifestantes denunciaban que con los precios actuales no pueden hacer frente a las deudas que contrajeron para comprar insumos, fertilizantes y herramientas para el cultivo.

El caso de Ortiz es un ejemplo de lo que le ocurre a la mayoría de familias campesinas, que por mucho que se esfuercen e inviertan, no tienen la seguridad de que el Estado cumpla con sus previsiones ni de que las empresas privadas cumplan la ley.